Por Carlos Molina

Los inversores en Cuba se preparan para defenderse ante el alud de demandas que presentarán particulares y empresas de EE UU por los bienes expropiados por el castrismo.

El Ejecutivo de Donald Trump ha pasado de la amenaza a los hechos y anunció que se activará el capítulo III de la ley Helms-Burton, suspendido desde la entrada en vigor de la norma en 1996, que abre la puerta para la presentación de demandas.

España es uno de los países más afectados, por la elevada presencia de la industria hotelera en el archipiélago (gestiona 35.000 habitaciones, en torno al 52% de la planta hotelera). Las empresas más afectadas son Meliá e Iberostar, con 32 y 21 establecimientos en el archipiélago, respectivamente.

Ante el anuncio de la administración Trump, la compañía dirigida por Gabriel Escarrer emitió un comunicado la pasada semana recalcando que era mero gestor hotelero y no propietario de bienes o participaciones de bienes que pudieran ser objeto de potencial reclamación. “Meliá continua operando con plena normalidad en Cuba, no representando el anuncio ninguna alteración sustancial de nuestra actividad”, recalcaba el anuncio.

Meliá e Iberostar son las cadenas más afectadas, con 32 y 21 establecimientos cada una

La realidad, tal y como desvelan algunos despachos de abogados consultados por Cinco Días, es que existe mucha preocupación entre los inversores españoles por lo impredecible del nuevo escenario. “Aunque la propiedad de los terrenos le corresponde a la empresa mixta cubana, la obtención de un canon en el caso de un hotel es una prueba de que se está ‘traficando’ con el bien, tal y como está recogido en la ley Helms-Burton”, recalca Ignacio Aparicio, socio de Andersen Tax & Legal y director del Cuban Desk del despacho.

Por ello, las empresas ultiman su defensa ante la ofensiva legal que se les avecina. De hecho, el Ejecutivo de EE UU ya abrió una primera oportunidad para reclamar el 17 de marzo, siempre y cuando se cumplieran dos requisitos: que el afectado hubiera registrado previamente su demanda contra un activo que consideraba suyo y que la empresa o administración demandada figure en una lista de activos de “entidades restringidas cubanas”.

En ese registro figuran 210 bienes, tras la inclusión de otros cinco el pasado 24 de abril (uno de ellos gestionada por Meliá). Gaviota, el grupo de turismo del Ejecutivo cubano, es una de esas entidades. Posee 84 hoteles en Cuba en régimen de propiedad y cuya gestión cede a operadores extranjeros.

Meliá explota siete de esos hoteles (tres en Varadero, tres en Villa Clara y otro en Jardines del Rey) e Iberostar otros seis (uno en la Habana, tres en Varadero, uno en Villa Clara y otro en Jardines del Rey).

Pero el grueso de demandas se empezaron a presentar desde el 2 de mayo. En la Comisión de Liquidación de Reclamaciones Extranjeras, una agencia dependiente de Gobierno estadounidense, hay registradas (entre 1964 y 1972) en torno a 6.000 reclamaciones certificadas por un importe estimado de 8.000 millones de euros, pero se calcula que el importe global es muy superior.

A esa primera cifra habría que añadir todas las reclamaciones no certificadas, que procederán de aquellos cubanos exiliados a EE UU y que podrían disparar la cifra de indemnizaciones hasta el entorno de los 27.000 millones. “La batalla legal en el caso de las no certificadas será muy laboriosa, ya que los afectados tendrán que probar la propiedad, la línea sucesoria y el valor del activo”, apunta Aparicio.

Los despachos alertan que las expropiaciones pueden generar una batalla de sanciones cruzadas entre EE UU y la UE

¿Cuál será la línea de defensa de los afectados una vez que se presenten las demandas? José María Viñals, socio y director de Operaciones Internacionales de Lupicinio International Law Firm, remarca que la clave está en el reglamento 2271/96, aprobado el 22 de noviembre de 1996, por la Unión Europea para defenderse, precisamente de la aplicación de ley Helms-Burton. “El reglamento establece claramente que las sentencias derivadas de estas leyes extraterritoriales no se reconocen y no se ejecutan”, remarca.

Una vez que no se reconozca la sentencia, una segunda derivada puede ser que la administración de EE UU opte por embargar activos de la compañía en suelo estadounidense. Entre los más afectados, Meliá cuenta con tres establecimientos en EE UU (Nueva York, Miami y Orlando) e Iberostar cuenta con otros dos (Nueva York y Miami). Sin embargo, Viñals recalca que si la Administración de EE UU opta por ese tipo de embargos, la Unión Europea podía reclamar compensaciones por un importe similar. “Bruselas podría considerar imponer sanciones a empresas y personas que inicien acciones para demandar bienes nacionalizados por la República de Cuba.

Entre las 6.000 reclamaciones hay empresas tan grandes como Coca-Cola, Chevron o Exxon, con lo que si finalmente se produce este escenario se alcanzaría una suerte de guerra comercial”, asegura Viñals..

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