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| El Veraz. | San Juan, Puerto Rico |

Informe 2004 de Reporteros sin Fronteras sobre Internet en Cuba

Población : 11.271.000
Internautas : 120.000
Precio medio por 20 horas de conexión : 45 euros
DAI* : 0,38
Apreciación** : Situación Grave

El régimen cubano intenta mantener a sus ciudadanos al margen de la Red. La compra de material informático se encuentra estrictamente regulada, el acceso a Internet controlado y las comunicaciones electrónicas estrechamente vigiladas. Las actas de acusación de la mayoría de los periodistas independientes encarcelados en marzo de 2003 incluyen referencias a su actividad en Internet.

La libertad de expresión está proscrita en Cuba, la mayor cárcel del mundo para los periodistas. El régimen, demasiado dedicado al control de la información destilada para sus ciudadanos, no tolera ninguna prensa independiente. En relación con Internet, el gobierno ha adoptado una postura paradójica. Forma a miles de estudiantes en las nuevas tecnologías -de fuente oficial, actualmente se estarían formando cerca de 30.000-, pero impide a la gran mayoría de la población acceder a la Red. A veces, las autoridades presentan el Net como "la gran enfermedad del siglo XXI", porque surte a los internautas de informaciones "contrarrevolucionarias". Pero es también una baza inevitable para el desarrollo económico del país, como repite hasta la saciedad González Planas, el Ministro de Telecomunicaciones cubano.

Cuba es hoy uno de los diez países más represivos del mundo con la libertad de expresión en la Red. Este medio de comunicación se reserva para una élite cercana al poder. Pero, incluso esos pocos privilegiados frecuentemente solo acceden a una Intranet, especialmente concebida y filtrada por las autoridades.

Los cubanos han encontrado medios para eludir la omnipresente censura del Estado, comprando el acceso a Internet en el mercado negro, o compartiendo las pocas conexiones autorizadas. Sin embargo, el gobierno actúa severamente contra cualquier utilización "ilegal" de la Red. Por otra parte, los tribunales de la isla cada vez usan más una nueva acusación, la utilización "contrarrevolucionaria" del Net, para condenar a los disidentes.

La compra de material se encuentra estrictamente controlada

Las restricciones materiales son el principal obstáculo para una expansión de la Red al público en general. Por una parte, la densidad telefónica no pasa de seis líneas por cada cien habitantes. Por otra, el coste prohibitivo de las comunicaciones telefónicas internacionales (dos dólares el minuto con Estados Unidos), y la escasez de líneas internacionales, concedidas con criterios políticos y estrictamente vigiladas, impiden cualquier conexión a través de un proveedor de acceso situado en el extranjero.

Los equipos necesarios, incluidos los más recientes, solo están disponibles en los almacenes del Estado especializados, a los que únicamente pueden acceder las personas autorizadas. Además, desde enero de 2002 una orden del Ministerio de Comercio Interior prohíbe la venta a los particulares, en los almacenes del Estado, "de ordenadores, impresoras, multicopistas, fotocopiadoras y cualquier otro instrumento de impresión masiva". Si se considera indispensable hacer esa compra hay que solicitar autorización en el Ministerio de Comercio Interior. Antes de esa fecha ya estaba prohibida la venta de modems al público. En esas condiciones, Internet en Cuba aparece como un fenómeno limitado, mientras que las empresas informáticas cubanas demuestran un perfecto dominio de esta nueva tecnología.

El acceso a Internet sometido a autorización

El gobierno ha legislado desde el mismo momento de la aparición de Internet en la isla. En junio de 1996, el Decreto-ley 209, titulado "Acceso desde la República de Cuba a la red informática global", precisa que su utilización no puede hacerse "violando los principios morales de la sociedad cubana o las leyes del país", y que los mensajes electrónicos no pueden "comprometer la seguridad nacional".

Para conseguir la acreditación obligatoria, los cubanos que quieren disponer de un acceso a Internet, o utilizar los puntos de acceso abiertos al público, tienen que dar una "razón válida" y firmar un contrato de utilización, con cláusulas restrictivas. Igual que para el teléfono, el procedimiento requiere el acuerdo de ETEC SA, único operador de telecomunicaciones del país, y después el de una comisión local dependiente del Comité de Defensa de la Revolución, que evalúa los méritos del demandante.

Según el Decreto-ley 209, el acceso se concede "en virtud de reglamentos que dan prioridad a las entidades e instituciones que puedan contribuir a la vida y el desarrollo de la nación". A este título, y al margen de las embajadas o sociedades extranjeras, pueden pretenderlo las personalidades políticas, altos funcionarios, intelectuales, profesores universitarios, investigadores y periodistas oficiales ; los cuadros de las empresas culturales dedicadas a la exportación o de las empresas informáticas, así como la jerarquía católica.

El 13 de enero de 2000 se creó un Ministerio de Informática y Comunicaciones para "regular, dirigir, supervisar y controlar la política cubana en materia de tecnologías de la comunicación, la informática, las telecomunicaciones, las redes informáticas, la radiodifusión, el espectro radioeléctrico, los servicios postales y la industria electrónica".

Las mensajerías electrónicas bajo vigilancia

Desde septiembre de 2001, en los puntos de acceso ETEC SA, los cubanos pueden acceder a un servicio de correo electrónico nacional, sin conectarse a la Web, tras conseguir una dirección de e-mail personal. Una tarjeta nominativa de acceso al servicio cuesta 3,5 euros, para un uso de tres horas (el salario medio de un cubano está entorno a los 10 euros). Las tarjetas son nominativas. Cada comprador tiene que justificar su identidad, rellenar un formulario detallado, y se registran sus datos. Así, el proveedor de acceso puede controlar cualquier correo recibido o enviado, antes de emitirlo o entregarlo a su destinatario. Según algunas declaraciones oficiales, Cuba tendría hoy 480.000 cuentas de e-mail.

Salas de Internet para acceder...a una Intranet

Los cubanos, salvo los que disponen de una autorización formal de las autoridades, no pueden acceder a Internet a partir de un punto de acceso público. La Web está únicamente abierta para los turistas, a una tarifa prohibitiva (alrededor de 6 euros por hora), en los hoteles y algunos cibercafés.

El gobierno ha creado salas de Internet, normalmente en las oficinas de correos, donde los cubanos acceden a su correo electrónico, así como a una Intranet, Tu Isla, constituida por sitios seleccionados por las autoridades. Tu Isla incluye, entre otras cosas, las radios y televisiones del Estado, que difunden sus programas en línea. Para utilizar esos puntos de acceso públicos es obligatorio inscribirse en un registro, y enseñar un documento de identidad.

El Net en el mercado negro

Aunque restringida, la difusión de las nuevas tecnologías y de los accesos a Internet ha generado un pequeño mercado negro de la Web, todavía marginal pero ya organizado. Algunos de los que tienen derecho alquilan su login y contraseña, por unos 60 dólares al mes (el equivalente a seis meses de salario mínimo). Otros acogen a los internautas en su propio punto de acceso, y facturan la conexión por el tiempo empleado. Algunos empleados de los puntos de acceso ETEC SA conceden con gusto una secuencia de navegación a sus amigos y relaciones, en algunos casos mediante pago. Finalmente, algunos testimonios afirman que los cubanos han podido introducir en la isla parabólicas y modems, que les permiten conectarse por satélite (Starband o DirectPC), pagando directamente el abono en Estados Unidos (del orden de 500 dólares la puesta en servicio, y luego unos 100 dólares al mes).

Ha nacido un mercado negro de direcciones que disfrutan los escasos cubanos que disponen de un ordenador. El 1 de enero de 2001, en el Ministerio de Informática y Comunicaciones se creó una Agencia de Control y Supervisión (ACS), encargada entre otras cosas de dar caza a quienes hagan "un uso indebido de las redes informáticas". Citado en un artículo del diario Gramma publicado el 23 de abril de 2003, Carlos Martínez Albuerne, director de la ACS, cuenta que, en 2002, se adoptaron sanciones contra 31 personas, por ese motivo o "por utilizar mensajerías electrónicas que no les pertenecían". El artículo no precisa las "sanciones" adoptadas.

Héctor Maseda Gutiérrez, periodista, acusado entre otras cosas de publicar textos en el sitio Cubanet, y de recibir dinero de ese medio de comunicación. Está condenado a 20 años de cárcel.

Algunos periodistas encarcelados por sus escritos en el Net

Adolfo Fernández Sainz, entre otras cosas acusado de publicar artículos "contrarrevolucionarios" en el sitio www.nuevaprensa.org, para que "sean utilizados, directa o indirectamente, por el gobierno norteamericano, para continuar su política de agresión contra Cuba". Está condenado a 15 años de cárcel.
En marzo de 2003 fueron detenidos veintisiete periodistas independientes, haciendo de la isla la mayor cárcel del mundo para la profesión. Fueron condenados a penas que van de 14 a 27 años de cárcel. La mayor parte de las actas de acusación incluyen algunas referencias a su actividad en Internet. En efecto, la mayoría utilizaba sitios de Internet con sede en Estados Unidos, para publicar sus artículos. Entre ellos Raúl Rivero Castañeda, poeta, periodista y escritor, acusado entre otras cosas de publicar textos "contrarrevolucionarios" en el sitio norteamericano Cubanet (www.cubanet.org). Esta condenado a 30 años de cárcel
Julio César Gálvez Rodríguez, periodista, acusado entre otras cosas de haber recibido dinero de sitios de Internet como Cubanet y Encuentro en la Red, y de consultar el Net desde la Sección de Intereses Norteamericanos. Está condenado a 15 años de cárcel.

La caza de los internautas "no autorizados"

En enero de 2004, las autoridades decidieron prohibir completamente la utilización de la red telefónica ordinaria para acceder a la Web, con el fin de luchar contra las conexiones piratas.

Carmelo Díaz Fernández,

Director de la Agencia de Prensa Sindical Independiente (APSIC), acusado de publicar artículos en Cubanet, "agencia de prensa financiada con fondos concedidos por el Congreso de Estados Unidos, "para efectuar un trabajo de subversión contra el gobierno de Cuba". Está condenado a 15 años de cárcel.

Además, el decreto gubernamental pedía a ETEC SA "que empleara todos los medios técnicos necesarios que permitan detectar e impedir el acceso a Internet" a las personas no autorizadas. El decreto no ha entrado en vigor todavía.

Telecom. Italia, accionistas de las telecomunicaciones cubanas

Telecom. Italia posee el 29,3% de las acciones de ETEC SA, el único operador de telecomunicaciones cubano ; el resto del capital es de propiedad del Estado. Pero ETEC SA, que controla enteramente el Internet del país, es utilizada por el gobierno para censurar la Web y dar caza a los disidentes políticos. En el proceso de los periodistas detenidos en marzo de 2003 el operador cubano facilitó algunos informes, para probar que los inculpados habían utilizado la Red de manera "contrarrevolucionaria". En marzo de 2004, Reporteros sin Fronteras escribió al presidente del consejo de administración de Telecom. Italia, para llamar su atención acerca de las consecuencias de la participación de su empresa en ETEC SA. La organización le pidió que "interviniera, para intentar influir en la política del régimen cubano respecto al Net, y pedir la liberación de los 27 periodistas encarcelados".

* El DAI (Digital Access Index) es un índice creado por la Unión Internacional de Telecomunicaciones, para medir la capacidad de los individuos de un país dado para acceder a las tecnologías de la información y la comunicación. Las notas van de 0 (incapacidad total) a 1 (acceso perfecto)

** Las apreciaciones (situación buena, media, difícil, grave) se han establecido a partir de siete criterios : ciberdisidentes o periodistas digitales muertos, encarcelados, acosados, censura de sitios informativos, existencia de sitios informativos independientes, existencia de proveedores de acceso independientes, coste abusivo de la conexión.


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