Por HECTOR MASEDA
Grupo Decoro
La Habana, Cuba

Estas comunidades, verdaderos campos de concentración para sus constructores, fueron creadas por las autoridades cubanas con la finalidad de mantener bajo control y lejos de sus provincias de origen a los miles de campesinos colaboradores del movimiento armado guerrillero que surgió entre los años 1960-65, en el macizo montañoso del Escambray, en la antigua provincia Las Villas. El destierro de estas personas y sus familiares comenzó en 1970 y no se detuvo hasta 1985 con el traslado del último núcleo campesino que vivió en aquella región central del país.

Fredesvinda Hernández Méndez (Fredes), natural de Los Quemados, municipio de Manicaragua, fue una de las víctimas de los pueblos cautivos, no sólo por su religión -es Testigo de Jehová- sino por haberse casado con el hijo de un colaborador de los insurgentes en aquellas zona montañosa. Su suegro, Heriberto Hernández Quesada, poseía una finca cafetalera ubicada en las estribaciones de la sierra, en Güinía de Miranda.

"A mi suegro -señala Fredes- la policía política del gobierno (el DSE ó G-2) lo tenía clasificado como colaborador de la guerrilla que operó en la localidad entre los años 1960-63. Les brindaba alimentos y les permitía dormir en sus tierras. Otro tanto había hecho con las tropas de Castro. En varias ocasiones fue detenido por el DSE, sometido a interrogatorio y acusado de enemigo de la revolución".

Seis años después de haberse liquidado el último foco guerrillero, el 15 de diciembre de 1971, la policía política citó a Heriberto junto a cientos de campesinos que, como él, habían apoyado a los grupos armados opuestos al régimen. La intención del gobierno era limpiar los alrededores del lomerío central del país de elementos que en el futuro pudiesen apoyar otra acción armada contra el régimen de Fidel Castro.

"De manera que vecinos de Trinidad, Fomento, Güinía, La Moza, Manicaragua, Cumanayagua, Barajagua, El Nicho y Jibacoa -nos dice Fredes- se vieron envueltos en la operación de limpieza donde ellos eran como la basura que debía eliminarse. Entre los citados se encontraban algunos ex guerrilleros que nunca fueron identificados como tales. Los oficiales se reunieron con ellos en el estadio deportivo de Ciudad Santa Clara. El discurso fue breve y directo: 'Los vamos a trasladar hacia otras provincias por ser ustedes personas desafectas a la revolución. Todos apoyaron la contrarrevolución en el Escambray, ustedes no merecen ni el aire que respiran.

Jamás podrán regresar a la provincia. Lo que ustedes van a sufrir a partir de este momento, lo sufrirán sus hijos y nietos, los hijos de sus nietos...' De inmediato, los montaron en un tren cuyos vagones habían sido convertidos en pequeñas prisiones móviles y bajo fuerte custodia militar hacia sus nuevo destino: los pueblos cautivos que construirían, en su calidad de desterrados y prisioneros. Obligados estarían a trabajar entre diez y doce horas diarias, sin tener las menores condiciones de vida, pobre alimentación, malos tratos de los guardias, castigos, golpes, falta de atención médica, ningún contacto con la familia".

El viaje -según recuerda Fredes- duró 36 horas, no comieron nada durante el trayecto. Unos llegaron a la localidad de lo que sería el futuro pueblo cautivo Sandino, en el municipio de igual nombre; otros para Briones Montoto, en el municipio Pinar del Río; un tercer grupo pasó para Ramón López Peña, en el municipío San Cristóbal, todos en la más occidental del país. A los demás los enviaron para Miraflores, en la provincia Camagüey. Los viajes se sucedieron unos tras otros hasta que no quedó ni un campesino sin ser desplazado de su lugar de origen.

Los familiares se enterarían de estos hechos meses después de ocurridos, aunque comenzaron a padecer sus efectos desde el primer momento. Al respecto, Fredes expresó: "Al cabo de dos o tres meses supimos oficialmente de mi suegro, pero al día siguiente del traslado vinieron funcionarios del gobierno a las demás fincas implicadas y nos expropiaron todos los bienes: tierras, equipos, cosechas, animales, cuentas bancarias. A muchos los expulsaron de sus casas sin importarles qué sería de ellos a partir de ese momento. La mayoría de estas familias fueron recogidas por amigos o familiares. La mía tuvo suerte. La dejaron en la vivienda. El Estado cubano nunca se ocupó de las mujeres, niños y ancianos que desalojaron. No se domina la cifra exacta de las familias que fuimos arrastradas a esta vorágine de intolerancia gubernamental. En realidad, no se publicaron las cifras oficiales pero se calcula entre 2,500 y tres mil los campesinos que fueron desterrados y llevados para estos cuatro pueblos cautivos. De manera que las víctimas totales de este holocausto pudiera ascender a diez mil cubanos, en cifras redondas".

Los desterrados demoraron un promedio de dos años y medio en construir las primeras viviendas. A partir de 1973 comenzaron las mudadas de las primeras familias. Los últimos lo harían en 1985. Los pormenores de estos movimientos serán temas a tratar en la segunda parte de este artículo.

A Fredesvinda, conocida por Fredes, le correspondió su traslado en enero de 1977. Ella no pudo concebir en aquel momento las penurias que tendría que soportar y los obstáculos que debería superar, no sólo ella sino también su hija menor que le acompañó en esta nueva aventura impuesta por el régimen de Castro.

El destierro organizado por las autoridades cubanas de los campesinos del Escambray, que entre los años 1960-65 apoyaron a los grupos insurgentes anticastristas, también lo sufrieron sus familiares debido a la intolerancia característica de este régimen totalitario.

Fredesvinda Hernández Méndez (Fredes) nos refiere sus recuerdos y sufrimientos de aquellos días que tantas veces ha querido olvidar, y no lo logra.

El traslado hacia los nuevos pueblos cautivos de los familiares que componían el núcleo de los desterrados, obedeció a una selección hecha por el gobierno de Castro, que llevó a cabo su policía política (DSE o G-2).

Al respecto, Fredes señala: "Una mañana se presentaban a la puerta de tu casa varios militares, y sin preámbulo te decían que ya teníamos otra vivienda asignada en tal lugar, que el día de salida era más cuál y que debíamos presentarnos es esa dirección. Agregaban que no teníamos que llevar nada porque los inmuebles estaban amueblados, pero esto era mentira pues los apartamentos se encontraban vacíos y los oficiales lo sabían. Algunas familias le dieron crédito y al llegar a su destino se percataron del error. Mi familia no creyó en ellos y llevamos las pertenencias".

Sin aún haber dejado los parientes sus antiguos domicilios, los inmuebles eran ocupados por personas identificadas con el gobierno, quienes disponían de todo lo que encontraran en su interior en usufructo gratuito.

Sobre este aspecto, Fredes recuerda: "Los que fuimos desterrados tuvimos que pagar alquiler por los nuevos apartamentos que durante dos años y más construyeron nuestros jefes de núcleo en condiciones infrahumanas, a pesar de que las propiedades que nos habían sido confiscadas, sin remuneración, poseían un valor varias veces superior al costo de las viviendas asignadas en lugares tan apartados".

A Fredes le tocó mudarse el 21 de enero de 1977 para el pueblo cautivo Ramón López Peña, en el municipio San Cristóbal de la provincia Pinar del Río. "Para mí el traslado fue muy duro", recuerda. "Tenía 20 años de edad, una niña de dos años y estaba embarazada de la segunda. Mi esposo no me pudo acompañar en el viaje porque su hermana (diabética, sorda y afectada por la poliomielitis desde pequeña) había sufrido una herida en el pie, se le complicó con gangrena y hubo que amputárselo. Estaba hospitalizada en estado grave. Mi marido se quedó apoyando a su mamá. En resumen, el movimiento lo realizamos mi cuñado, la niña y yo".

"La primera etapa -precisa Fredes- fue en camiones desde Güinía de Miranda hasta los llanos de Jibacoa, en el Escambray. Otras familias salieron de los diferentes municipios. Los locales donde nos albergaron no tenían condiciones para albergar personas mayores con niños. Hombres y mujeres juntos, sin privacidad, literas estrechas, de tablas, muchas sin colchonetas. Mi hijita y yo no cabíamos juntas en una de ellas. Yo no pude dormir esa noche por temor a que se cayera la niña. Los guardias le dieron leche a los pequeños y algo de comer a los adultos. Al otro día, de nuevo los camiones hasta Manicaragua. Fuimos a parar a El Ranchón. Las condiciones allí empeoraron. No había dónde acostarse. Nos dejaron sin comer. Tampoco le dieron leche a los menores. Al oscurecer, otra vez los camiones hasta Santa Clara. En esta ciudad pasamos la noche sin dormir, comidos por los mosquitos, con mucho frío y golpeados por lloviznas intermitentes. Nos tiraron en unos solares próximos a la estación del ferrocarril. No hubo ningún tipo de consideración, a pesar de que el grueso éramos mujeres, ancianos y niños. La mayoría de nuestros hombres desde 1971-72 estaban presos en diferentes regiones de la provincia pinareña.

Fredes, con la angustia reflejada en su rostro por los recuerdos, continúa la historia: "Al día siguiente nos montaron en el tren. El mismo que años antes había llevado a nuestros padres, esposos y hermanos. Eran las pequeñas cárceles móviles y el mismo rigor. Nos acompañaban ocho guardias armados en cada vagón, con fusiles y bayonetas. Cualquier movimiento debía ser autorizado por ellos. Nuestros hijos lloraban asustados y por el hambre. ¡Al fin les dieron leche y compota! A los adultos naranjas. Ellos (los militares) sabían que llevábamos 48 horas casi sin comer; el viaje en tren duró otras 35 horas. A nadie le dieron alimentos sólidos. ¡Ni siquiera a las mujeres embarazadas ni a los menores!"

En ese tren iban personas para los pueblos cautivos López Peña, Briones Montoto y Sandino. "En la medida en que llegábamos al final del trayecto, el convoy dejaba los coches y continuaba su viaje hasta la próxima parada y así, hasta llegar a la última".

La mujer agrega: "El traslado de las pertenencias fue otra odisea. No sabíamos por qué vía venían. Después nos enteramos que los habían mandado por un tren de carga. Teníamos que seleccionar cuáles eran las nuestras en aquella locura de cachibaches. Ningún guardia nos ayudó en la operación. Algunos expresaron que ése no era su problema. Fuimos las mujeres, los ancianos, los niños y los pocos hombres que nos acompañaban, ayudados por los desterrados que acudieron a recibirnos, quienes movimos las cosas en carretas tiradas por bueyes a través de caminos irregulares. Los muebles se desajustaron, los cristales se rompieron, las ropas se llenaron de polvo o se ensuciaron al caer en el fango y en la tierra".

Desplazamientos como éste se contaron por docenas hasta mediados de 1985 en que se realizó el último. Fredes fuerza su memoria y nos dice: "Las personas que fuimos trasladadas de esta manera sumamos docenas de miles. En López Peña sólo, hay una población actual de aproximadamente diez mil personas entre colaboradores de los grupos insurgentes en el macizo de Trinidad, sospechosos de colaborar y familiares de éstos, además de unos cuantos núcleos de familias que constituyen la red de informantes permanentes del gobierno que siguen nuestros pasos. Los otros tres pueblos cautivos deben tener poblaciones y status similares".

"Cuando llegamos al lugar -concluye Fredes- nos dimos cuenta de que sólo existían los edificios de viviendas. No había calles pavimentadas, ni aceras, ni áreas verdes, ni parques, ni círculos infantiles (guarderías), ni escuelas para nuestros hijos, ni centros de recreación. Apenas una tienda de comestibles, otra de ropa, una placita de viandas y hortalizas, la barbería-peluquería y la posta médica. Las autoridades consideraban que era suficiente para atender a diez mil personas. Con el paso de los años habilitaron tres casitas como escuelas primarias. Más tarde, al darle casa a los últimos presos, convirtieron el albergue donde vivían en escuela primaria. Los adolescentes que asistían a la secundaria básica debían dirigirse hasta el pueblo de San Cristóbal, ubicado a ocho o diez kilómetros de distancia, la mayoría de las veces a pie, por no tener transporte en el cual trasladarse".

Cuando Fredesvinda Hernández Méndez llegó a López Peña ya había allí unas 300 familias. Hoy esa cifra se eleva a 2,500 núcleos. Con el tiempo transcurrido pensó que su situación iría mejorando y que los odios de las partes en conflicto quedarían en el pasado, pero la frase que los oficiales castristas le dijeron a su suegro y demás presos políticos desterrados cuando los concentraron en la ciudad de Santa Clara, el 15 de diciembre de 1971, no fue dicha para que se olvidara. En realidad formaba y forma parte del tratamiento sociopolítico y económico que el gobierno de Fidel Castro le tiene reservado a todo aquél que, de alguna manera, se le opone.