Benoît Hervieu
Despacho Américas
Reporters sans frontières

Por invitación del rey de España y del gobierno español, la XV Cumbre de jefes de Estado y de gobierno del continente latinoamericano se reunirá en Salamanca, los días 14 y 15 de octubre de 2005. Reporteros sin Fronteras, que asiste al encuentro en calidad de observador, llama a sus participantes a la vigilancia y la responsabilidad, a la vista de un balance más bien grave para la libertad de prensa, en esa parte del globo.

El año 2005 ha demostrado que la lucha por la libertad de prensa sigue estando de actualidad en el continente latinoamericano. Desde el mes de enero han muerto siete periodistas, la mayoría asesinados, a causa de sus actividades profesionales. En la mayor parte de los casos, así como en numerosos casos de agresiones y amenazas, persiste un clima de impunidad. Hay cinco países que reclaman particularmente nuestra atención.

México se ha unido a Colombia en las filas de los países de alto riesgo para la prensa. Una situación que concierne en particular a los Estados costeros y fronterizos con Estados Unidos, lugar de confluencia de diversos tráficos. Podemos hablar de la "primavera negra" de la prensa mexicana, con una primera semana de abril durante la cual asesinaron a dos periodistas, y un tercero desapareció. Dolores Guadalupe García Escamilla, periodista de hechos diversos en la radio Estéreo 91 XHNOE en Nuevo Laredo (Estado de Tamaulipas, Noreste), fue blanco de disparos el 5 de abril, delante de la emisora. Falleció once días más tarde. A Raúl Gibb Guerrero, director del diario local La Opinión, le mataron el 8 de abril en el Estado de Veracruz. Finalmente, desde el 2 de abril no se encuentra a Alfredo Jiménez Mota, del diario El Imparcial en Hermosillo (Estado de Sonora). Estos tres periodistas investigaban algunos asuntos sensibles, relacionados con el narcotráfico o la corrupción de las autoridades locales. En el transcurso de una misión, efectuada en México del 22 al 31 de mayo, Reporteros sin Fronteras pudo medir la tendencia a la autocensura de los medios de comunicación, como consecuencia de esos crímenes. A la organización le preocupan también las consecuencias judiciales de estos homicidios. Aunque ahora es la Justicia Federal quien se ocupa de los asesinatos de periodistas, los medios que se facilitan a los investigadores siguen siendo insuficientes, y el gobierno todavía no ha creado la fiscalía federal especial que se comprometió a poner en marcha.

El año 2005 comenzó trágicamente en Colombia con el asesinato, el 11 de enero en Cúcuta (Noreste), de Julio Palacios Sánchez, de Radio Lemas. También en este caso la investigación está en un punto muerto. Hernán Echeverri, fotógrafo del bimensual Urabá Hoy, secuestrado el 22 de enero por las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), felizmente fue liberado el 17 de abril. Sin embargo, este caso es una muestra del poder de hacer daño que tienen los grupos armados, paramilitares y guerrillas, que hacen casi imposible en determinadas zonas el ejercicio del oficio de periodista, como pudo constatar Reporteros sin Fronteras por sí misma, en los departamentos de Antioquia y del Valle del Cauca (Oeste). A lo largo del año 2005, las FARC han saboteado frecuentemente instalaciones audiovisuales. Por otra parte, las presiones y amenazas de los paramilitares o narcotraficantes han obligado, desde enero, a siete periodistas a marcharse de su región. Daniel Coronell, periodista de la revista Semana y director del informativo televisado "Noticias Uno" en el Canal Uno de Bogotá, se marchó a Estados Unidos el 14 de agosto. Reporteros sin Fronteras espera del gobierno colombiano medidas reales de protección para los periodistas, que no obstaculicen su actividad, y un proceso equilibrado de desarme de todos los actores de una guerra civil, que dura ya más de treinta y cinco años.

En Perú, ningún asesinato ha enlutado a la prensa en este año, pero el país ostenta el triste record de agresiones, amenazas y actos criminales de intimidación contra periodistas. Reporteros sin Fronteras ha revelado más de una treintena de casos de violencia física, causada en ocasiones por funcionarios o responsables políticos. Así, el 28 de abril, el embajador de Perú en España, Fernando Olivera Vega, de paso por Lima, golpeó violentamente a un periodista radiofónico.

La mejora de la situación de la prensa en Haití tras la caída de Jean Bertrand Aristide sufrió en 2005 un duro revés con el asesinato, el 14 de julio, de Jacques Roche, jefe del servicio cultural del diario Le Matin en Puerto Príncipe. Un mes antes, el 16 de junio, Nancy Roc, de Radio Métropole, tuvo que abandonar el país tras recibir amenazas de rapto. El director de la emisora, Richard Widmaier, había escapado por poco a un secuestro, cinco días antes. Además. Nunca han sido detenidos ni juzgados los autores intelectuales de los asesinatos de Jean Dominique, de Radio Haití Inter, ocurrido en 2000, y Brignol Lindor, de Radio Echo 2000, en 2001. No ha tenido ninguna consecuencia la detención de un policía y un secuaz del ex presidente Aristide por su presunta implicación en la muerte de Ricardo Ortega, muerto durante una manifestación el 7 de marzo de 2004, en Puerto Príncipe. Al final de una misión efectuada en Haití, del 23 al 27 de septiembre pasados, Reporteros sin Fronteras se ha dirigido a los candidatos a la presidencia del país, para que el próximo mandato sea el de la ruptura con la impunidad.

Finalmente, Reporteros sin Fronteras continúa estando más movilizada que nunca por la suerte de los periodistas encarcelados en Cuba, único país del continente americano donde no existe libertad de prensa. Veintiún periodistas detenidos en la oleada represiva de la primavera de 2003, y condenados a penas de 14 a 27 años de cárcel, continúan soportando unas espantosas condiciones de detención. Otros dos se han sumado en 2005 a esa larga lista. Alberto Santiago Du Bouchet Fernández, director de la agencia independiente Habana Press, fue detenido y condenado a un año de cárcel el 9 de agosto, por "desobediencia civil". A Oscar Mario González Pérez, miembro de la agencia Grupo de Trabajo Decoro, quien desde el mes de julio ha pasado por cuatro comisarías de La Habana, podrían condenarle a veinte años de cárcel, en aplicación de la ley 88 de "protección de la independencia nacional y la economía de Cuba". Para él, como para los demás periodistas encarcelados en Cuba por el único motivo de haber querido hacer su trabajo libremente, Reporteros sin Fronteras reclama la libertad inmediata, y sin condiciones.

Los jefes de Estado y de gobierno reunidos en Salamanca no podrán evitar hablar de la libertad de prensa en la región. Reporteros sin Fronteras espera la mayor firmeza de los Estados democráticos, cuya vocación es promover y defender los derechos humanos, en relación con algunos países que continúan burlándose de las libertades.