Rogelio Fabio Hurtado

La vivienda. Antecedentes históricos. Leyes revolucionarias. Reforma Urbana. Disminución de los medios de vivienda. Microbrigada. Clientelismo. Situación crónica de escasez. Perspectivas.

Antecedentes históricos

Partiré, como siempre, de mi propia experiencia y de los testimonios recogidos de personas que vivieron la primera mitad del siglo XX. La calidad de la vivienda disponible para las personas más pobres era por supuesto baja, caracterizada por el hacinamiento. Sin embargo, no era difícil ni imposible alquilar estos locales, en los solares o cuarterías, siempre por menos de 10 pesos mensuales, sin incluir la electricidad. Las parejas de recién casados podían disponer de vivienda propia de acuerdo con sus ingresos. Ya en la década del 50 podía disponerse de un pequeño apartamento con servicio sanitario por alrededor de 25 pesos mensuales, en cualquier pasaje de Santos Suárez o Luyanó. En los solares, la disciplina entre los convivientes estaba garantizada por el encargado, persona que residía en el inmueble y representaba al propietario. Existía la posibilidad de aplicar a los inquilinos morosos en el pago el desahucio, pero esto no ocurría casi nunca, pues delante del juez los moradores podían pagar su atraso y continuar ocupando la vivienda, aún contra la voluntad del propietario mientras cumpliesen con el pago convenido. Tampoco era difícil encontrar para dónde mudarse, pues la oferta de espacio habitacional solía estar por encima de la demanda. Durante la referida década estaban desarrollándose los repartos suburbanos con viviendas modernas de aceptable calidad constructiva dirigidas a la población de clase media: el Casino Deportivo, Víbora Park y Monterrey, que creo que fue el último, junto al reparto Alamar que comenzaba a parcelarse al Este de La Habana. Las condiciones al alcance de los sectores más pobres no habían mejorado, pero las modestas viviendas estaban al alcance de los núcleos obreros. Mi punto de referencia es exclusivamente la capital, aunque presumo que en el resto de la Isla las condiciones no variarían demasiado.

En el mismo 1959, el gobierno revolucionario dictó la rebaja general de los alquileres al 50 %, medida que obviamente contó con el apoyo de los beneficiados y la inconformidad de los perjudicados. ¿Quiénes era estos propietarios? Contrario a lo que pudiera pensarse superficialmente, no todos ni mucho menos eran grandes casatenientes ni ricachones platónicos. Había familias de muy modestos recursos que habían invertido sus arduos ahorros en fabricar una o dos casitas o un pequeño pasaje a cuya renta confiaban su vejez. La medida fue popular sin dejar de ser arbitraria, desestimuló a las nuevas inversiones. El Estado por su parte propulsó la construcción de edificios de apartamientos mediante el Instituto Nacional de Ahorro y Viviendas, INAV, dirigido por la capitana de antigua militancia ortodoxa Pastorita Núñez. Este proyecto estaba asociado a la renta de Lotería y perduró hasta mediados de los años 60 con el reparto Camilo Cienfuegos en la Habana del Este como su mejor fruto. Realmente no recuerdo el método para otorgar esos apartamientos, en una urbanización mucho más acogedora que la impuesta después en las llamadas microbrigadas. Aún así, no constituyeron una respuesta a la demanda que ya desde entonces se fue muy encima de la disponibilidad de nuevas viviendas.

Cuando desapareció el INAV, ya había sido dictada la primera ley de Reforma Urbana que apropió todas las viviendas rentadas, fijándole a los propietarios una compensación vitalicia. Esta ley se implementó de inmediato en lo que respecta a los antiguos propietarios, pero durante muchos años fue sumamente laxa respecto al cobro de los nuevos y bajísimos alquileres. En virtud de posteriores enmiendas se concedió la propiedad a los inquilinos luego de que pagasen al estado el monto fijado a su vivienda. Muchos inquilinos se convirtieron en flamantes propietarios, con ciertas restricciones, entre ellas la de no poder vender ni arrendar la propia vivienda o parte de ella. Una vez más, hubo un cierto número de beneficiados, entre otros fueron prácticamente privados de unas propiedades que creo que sin excepciones consideraban legítimas... En los casos de los pequeños propietarios el impacto fue aun más psicológico, emocional que económico. A partir de la Reforma Urbana quedó estrictamente vedado el acceso del capital privado en el sector de la edificación de viviendas, ya totalmente en manos del estado, quien también se hacía cargo de las casas que dejaban los núcleos familiares que se marchaban definitivamente del país.

Comenzó entonces, ya en la década del 70, la construcción de edificios multifamiliares a cargo de brigadas voluntarias, cuyo modelo para toda la isla fue el reparto Alamar, versión tropical de las ciudades-dormitorios ya usuales en los hermanos países socialistas. Los inversionistas eran las propias empresas y ministerios estatales, quienes también proporcionaban la fuerza de trabajo, personal a quien se le ofrecía como premio el posible otorgamiento de uno de aquellos apartamientos, que se “ganaría” con su propio esfuerzo como constructor. En cada edificio terminado se aplicaban unas cuotas, que concedían la parte del león a la adjudicación directa al personal que por ser imprescindible no podía cambiar la oficina por la cuchara de albañil. Todos conocemos un sinnúmero de conflictos generados por este sistema de otorgamiento, entre ellos los de personas que arruinaron sus carreras profesionales y a menudo su salud tras largos años de consagración infructuosa al empeño de “coger su casa”. Por otra parte estos repartos comenzaron bajo unos reglamentos sumamente limitantes que se sumaban a la dificultad con el transporte y la carencia de auténtico perfil urbano en estos amontonamientos de pequeños edificios.

El Estado casateniente

A partir de esta Reforma Urbana el Estado devino en el casateniente monopolista. Esto creó las condiciones para que la corrupción burocrática se hiciese presente con mayor o menor impacto, sobre todo al nivel de las administraciones municipales, instancias potestadas por la ley para aprobar las permutas entre particulares, que en ciertos casos eran transacciones de compra-venta enmascaradas.

Junto a estas ilegalidades patentes la población generó como respuesta para sus necesidades las barbacoas, auténticos aportes a la arquitectura, que no dejan de presentar riesgos de derrumbes mortales. Mediante este procedimiento multiplicaban el espacio horizontal disponible, aunque sacrificaban el vertical. Por supuesto surgen innumerables ilegalidades para llegar a obtener la propia vivienda y luego conseguir mediante otra cadena de sobornos, el status de legalidad
Otra anomalía asociada con esta forma de monopolio estatal ha sido la práctica desembozada del clientelismo político. Puesto que los organismos centrales siempre han dispuesto de un número de viviendas “asignadas” para alojar a su personal, el otorgamiento de estas viviendas han constituido un privilegio de las administraciones, con facultades omnímodas para estas reparticiones, no sujetas al parecer a ningún tipo de control por parte de la sociedad. Los organismos más potestados para esto han sido el MINFAR y el MININT. Este fondo de viviendas se ha nutrido de los proyectos constructivos y de las casas dejadas por quienes se han marchado definitivamente del país.

Ha sido también potestad y responsabilidad exclusiva del Estado el mantenimiento constructivo de las edificaciones. Aunque a partir de la creación de los órganos del Poder Popular en 1976, surgieron las empresas municipales y provinciales con estas funciones, sus recursos nunca estuvieron a la altura de las necesidades, tampoco ha existido ninguna vía para que los particulares adquieran sus materiales para proceder a las reparaciones por su cuenta. Aunque la bolsa negra siempre ha estado dispuesta a “resolver”, el número de derrumbes presente en la Capital es prueba elocuente de esta insuficiencia.

Perspectivas

Estas cuatro décadas sin inversión privada en el sector de la vivienda han acumulado un déficit innegable en la construcción de las mismas. Aún concediéndole al Estado la probidad y las intenciones más puras, el resultado objetivo de su monopolio está a la vista. La solidaridad social, cuando son bienes disponibles no alcanzan es extremadamente vulnerable a los defectos antiquísimos de la condición humana.

El Esfuerzo constructivo sostenido que requiere la demanda insatisfecha de vivienda no será posible sin la participación interesada de los inversionistas. Esto impone la negociación entre ellos y el Estado, cuyo predominio absoluto tendrá por fuerza que sacrificarse, como ya lo hace por propia voluntad en otros campos de la economía nacional. En el sector turístico, por ejemplo, el Estado acepta sin sonrojarse la colaboración con los inversionistas, no por extranjeros menos capitalistas.

Sería acaso pedir demasiado que los intereses económicos particulares y las virtudes de la solidaridad social llegasen a un equilibrio dinámico. Para ello es preciso encontrar coincidencias entre unos y otros y ninguna más natural que la de compartir la nacionalidad. Claro que esto no basta. Las virtudes sociales tienen que medirse por raseros más exigentes. No puede bastar con aplaudir y agitar banderitas masiva y anónimamente. Hay que participar y ejercer plenos derechos ciudadanos. El equilibrio al que me refiero no puede resultar de un pacto firmado en una reunión secreta. Tampoco promete nada mejor el trato con los señores de la bolsa negra, como parece haber ocurrido en algunos países del otrora bloque socialista. Lo que a mi modo de ver descalifica a estos negociantes no es el éxito relativo, sino el haberlo logrado a expensas de la necesidad de sus compatriotas, por quienes no parecen sentir ninguna solidaridad.

No podemos autonombrarnos fiscales de nuestros compatriotas, sean estos “luchadores” o sean funcionarios. Es imprescindible que desechemos las actitudes propias de un proceso judicial, a favor de un enfoque más abierto y también de mayor alcance. Sentirnos acusados o acusadores bloquea y achica mucho el alcance de nuestra reflexión. En todo caso nuestra meditación no pretende aniquilar a nadie sino beneficiarnos todos.

Lo indudablemente cierto es que los jóvenes cubanos dispuestos a contraer matrimonio no disponen legalmente de ninguna opción para fundar su propio hogar. El hecho de que esta carencia permanezca invariable para la inmensa mayoría de ellos, no la hace menos inaceptable. Por su importancia para la calidad de la vida real de los ciudadanos, este tema merece ser atendido.

También en este campo se hace sentir la carencia de información real a la sociedad, que facilite el control por parte de ésta de la gestión administrativa, sus proyecciones y perspectivas. La prensa se limita a proclamar las realizaciones en líneas generales, de manera puramente descriptiva, sin agregarle comentario valorativo, ni otro elemento que le permita al ciudadano sustentar un criterio propio respecto a nada. Este tratamiento se hace extensivo a toda la actividad pública, incluidos los deportes. Es aparentemente idóneo para los burócratas, a quienes el secretismo como norma los faculta para hacer y deshacer a capricho. No obstante, priva al Estado de la participación de los ciudadanos, a quienes deja en la pasividad irresponsable, como gente de categoría inferior. Mientras tanto, el tiempo transcurre y las necesidades materiales se hacen más perentorias. Al parecer, cada provincia requerirá del azote de algunos ciclones para que la burocracia se despierte y logre entonces los éxitos sin precedentes en las recuperaciones. Ojalá así no sea.