Por Óscar Espinosa Chepe

En Cuba, muchas veces lo que se observa en la superficie política y social no tiene relación con lo que realmente sucede. Ésta es una cuestión presente desde épocas coloniales, cuando se tenía el concepto de que las leyes existían, pero no se cumplían.

La única diferencia con experiencias pasadas resulta que la magnitud de este fenómeno se ha ampliado a niveles increíbles a través de la doble moral, la hipocresía, la mentira y otros dobleces reflejo de las complejidades de la vida de los cubanos.

Quien dude lo anterior, puede leer los artículos del periódico Juventud Rebelde de las últimas semanas sobre el incremento desmedido de las llamadas ilegalidades, con datos reveladores de que mientras el Gobierno recentraliza la economía y suprime paulatinamente el trabajo por cuenta propia para atar más a los ciudadanos, en la realidad está avanzando un proceso anárquico de privatización.

El presidente Fidel Castro llamó a combatir la corrupción y las ilegalidades el 17 de noviembre de 2005, brindando una cantidad abrumadora de elementos que reflejaban una tendencia, que, según él, estaba poniendo en peligro la propia existencia de la Revolución. Ahora, las cifras ofrecidas por Juventud Rebelde demuestran que los problemas no sólo se mantienen, sino crecen.

En un estudio comparativo realizado entre enero y agosto del 2005 e igual periodo del presente año, se observa un incremento del 22,4% de centros violadores de la legalidad. En la ciudad de La Habana, en 11.692 establecimientos -el 52% de los examinados- se encontraron violaciones de precios y alteraciones de la norma de los productos vendidos y los servicios prestados.

En las investigaciones fue detectado un número considerable de centros con precios de venta muy superiores a los establecidos oficialmente, así como el suministro de mercancías por debajo del peso o la cantidad. Ciertamente, existen factores clave: la falta de control estatal y la carencia de aseguramiento material, que obliga a administradores y trabajadores a comprar los recursos, muchas veces en bolsa negra, para poder seguir trabajando. Eso incluye hasta reparaciones constructivas en los locales o arreglo de equipos que el Estado es incapaz de asumir, produciéndose un tipo de privatización encubierta.

En los mencionados artículos de Juventud Rebelde, no fue abordado el problema en toda su magnitud. No se habla de las Tiendas de Recuperación de Divisas, donde en algunas ocasiones mercancías ofertadas pertenecen a los trabajadores, quienes las adquieren en otros lugares para luego venderlas y obtener altas ganancias, aprovechándose de los desmesurados precios oficiales.

También hay una creciente privatización en el sector de la Salud Pública, donde debido a las carencias y más recientemente a la falta de médicos, de forma casi siempre sutil, en ocasiones se espera de los pacientes retribución por los servicios prestados; con lo cual en un sector que alcanzó ciertos niveles de calidad y eficiencia hoy se aprecia una tendencia a que estén ligadas a las posibilidades económicas de los pacientes. Esta situación se reproduce en la Educación con características propias.

Esta problemática se analizó en el Congreso de la Central de Trabajadores de Cuba (CTC), efectuado en septiembre pasado, donde se condenó el incremento de la corrupción. Sin embargo, se soslayó la fuente del problema: un sistema ineficiente e incapaz, generador de la miseria y el desorden, promotores de la corrupción.

Hoy, en Cuba, con el salario no se puede vivir. Por ello, administradores y trabajadores reaccionan con el robo y el delito. Adicionalmente, el Estado es probadamente incapaz de controlar las empresas, mayoritariamente carentes de contabilidad confiable, lo que crea un paraíso para los actos delictivos y la paulatina degradación de las personas, quienes después de muchos años viviendo en esta situación la aceptan como normal, creándose de hecho una nueva moral basada en la mentira y el engaño.

Este escenario se complica con la dualidad monetaria, la existencia de una variedad anormal de mercados, un exceso creciente y desproporcionado de los niveles de liquidez financiera en manos de la población, así como una perenne escasez de mercancías y servicios, la corrupción y altas tasas de inflación devoradoras de los ingresos y ahorros de la ciudadanía.

El problema de los salarios no tiene solución sin una reforma radical del sistema que libere las fuerzas productivas e incremente la eficiencia de las empresas, posibilitando el aumento real de los salarios. Las informaciones dadas en el congreso obrero de que la tercera parte de las empresas estatales trabajaron con pérdidas en el primer semestre del año, o que en esa misma etapa el salario promedio nominal mensual creció casi cuatro veces más que la productividad, hacen imposible cualquier mejoría.
La dirección provisional del país debe tomar todo esto en cuenta y apurarse a resolverlo, puesto que la envergadura de los problemas es más que asfixiante y pudiera traducirse en inestabilidad social.

Desde hace tiempo debió reconocerse el terrible error de que el Estado quiera administrar barberías, taxis, peluquerías, zapaterías, pequeños comercios, restaurantes y toda clase de chinchales; verdad señalada en su época hasta por los antiguos marxistas cubanos. Es el momento de un viraje hacia la privatización de todos esos establecimientos y la distribución de la tierra a los campesinos, meta principal de la Revolución en sus orígenes e incumplida.

Sólo así se evitaría el robo a gran escala vigente en todo el país. Se quitaría al Estado muchas empresas que sólo dan pérdidas económicas y degradación humana. Se crearían fuentes de trabajo, que propiciaran la eficiencia en las grandes empresas, ahora sobrecargadas de personal innecesario. El presupuesto nacional se beneficiaría, al cobrarse impuestos que hoy no se reciben de la enorme economía sumergida existente. Asimismo se crearía más riqueza, más calidad en productos y servicios ofertados por medio de una competencia socialmente controlada, con beneficios para productores, consumidores y el Estado.

Ante la anormal privatización existente y sus insanas consecuencias, se impone un reordenamiento gradual y racional de la propiedad, cuyo comienzo no puede demorarse.