Desde hace muchos años quienes son titulados como abogados defensores en Cuba, de hecho son asalariados de la parte acusadora. Los letrados cubanos devengan sus salarios de los llamados "bufetes colectivos", que son una dependencia del gobierno.

Por regla general en los casos de juicios políticos quienes actúan como supuestos defensores en los juicios por los llamados "delitos contrarevolucionarios" no llevan a cabo ninguna acción para tratar de invalidar o moderar las acusaciones de la fiscalía. En Cuba los abogados de los opositores, en algunos casos, solamente piden clemencia para sus defendidos. La llamada "justicia revolucionaria" incluye la postura patriótica que debe observar el letrado defensor. En la mayoría de los casos esa posición se expresa en el juicio con la acusación contra su defendido del propio abogado defensor, quien debe probar ante el tribunal que no se solidariza con su defendido en cuanto a combatir la revolución.

En Cuba se ha llegado al extremo de que los realizadores del cine cubano (Instituto Cubano del Arte e Industria Cinematográfica) en la década de los 70 elaboraron un filme titulado "Ustedes tienen la palabra". En esta película el abogado defensor de los acusados por delitos políticos, con total impudicia, elabora una acusación contra los reos que es aún más dura que la elaborada por la fiscalía y pide la pena de muerte por traición a la patria para su defendido. Esta muestra del cine revolucionario cubano lo explica todo.

De esta manera queda bien claro que la justicia en Cuba ha sido trocada por Fidel Castro en un instrumento de venganzas políticas para aplastar a sus opositores o críticos y perpetuarse en el poder. Se puede recordar el fusilamiento del General Arnaldo Ochoa y de otros altos oficiales castristas por supuesto delitos que ni aun contemplaban una sanción de pena de muerte en el actual código penal cubano.

Desde los primeros años del poder castrista, cientos de solicitudes como observadores de organizaciones internacionales de derechos humanos y de abogados fueron descartadas.

Apuntes históricos sobre la pena de muerte en Cuba

La pena de muerte en la jurisprudencia cubana proviene del estado de ley marcial permanente con que la colonia española gobernó la Isla casi ininterrumpidamente. Aún en los períodos de guerra, cuando la pena de muerte era debatida ante los consejos sumarísimos españoles, los acusados contaron con una defensa apropiada. El ejemplo más notorio fue el juicio de 1871 de 8 estudiantes de medicina de la Universidad de La Habana, a quienes un fiscal español pidió pena de muerte por traición y sin embargo, fueron absueltos tras la defensa del abogado militar Federico De Capdevila. Los ocho jóvenes fueron después virrtualmente linchados por una turba de paramilitares insubordinados, pero la justicia penal militar española, en el juicio formal, los absolvió por falta de pruebas.

Durante los primeros 38 años de República, la pena de muerte sólo se aplicó en algunos casos excepcionales, como reflejo de la influencia de las antiguas leyes penales españolas sobre el sistema legal cubano. Sin embargo, la incorporación a plenitud de los principios liberales sobre derechos civiles y políticos del ciudadano en la constitución de 1902, dejó establecida todo tipo de garantías individuales frente a cualquier tipo de abuso del poder judicial.

La constitución de 1940 abolió la pena de muerte y se abrió una nueva etapa en el derecho penal cubano al establecerse un nuevo pensamiento sobre la lucha contra el delito. El concepto punitivo de código penal fue sustituido por una nueva visión que quedó establecida bajo el nuevo calificativo de Código de Defensa Social de la República de Cuba. Es decir, en lo adelante, la sociedad se defendió frente a los transgresores de la ley estableciendo salvaguardas aún más sólidas que la de la Constitución de 1902 para impedir cualquier violación de las gararantías procesales.

Fidel Castro llega a la vida pública cubana vinculado al gansterismo político de los años 40. El asesinato de sus oponentes quedó sentada como su fórmula personal de castigo. Cuenta de este modus operandis fueron los asesinatos de Manolo Castro y de Oscar Fernández Caralt, procesos penales en los que Fidel Castro fue acusado como uno de los actores principales. Las fallas de la democracia cubana impidieron que se hiciera justicia, y las influencias obligaron al sobreseimiento de ambos procesos.