Por Andrea Sambuccetti

En los primeros años del régimen castrista a los prisioneros "les sacaban 3 litros de sangre antes de fusilarlos". Informes internacionales hablan de miles y miles de presos políticos ejecutados entre 1959 y 1961.

El doctor Milton Castillo, director de la Consultoría Jurídica Interamericana de Derechos Humanos (CJIDH) y anteriormente oficial legal principal en la Subsecretaría de Asuntos Jurídicos Organización de los Estados Americanos (OEA) estuvo de visita en la Argentina para exponer su trabajo de investigación para Directorio Democrático Cubano sobre violaciones de los Derechos Humanos en Cuba y reveló sus principales conclusiones.

El eximio letrado es uno de los pocos en realizar un profundo research sobre los fusilamientos ocurridos en el primer período del régimen impuesto por Fidel Castro hace ya 50 años y en analizar cómo se avasallan derechos fundamentales de las personas en ese país actualmente.

De su investigación se desprenden entre otros, dos temas de “suma gravedad y que ocurrieron durante los primeros años de la revolución” y tienen que ver “con la práctica del régimen antes de llevar a cabo los fusilamientos a los condenados a muerte, en tanto y en cuanto, se les sometía de forma sistemática a extracciones forzosas de sangre” y “con la aplicación de la pena de muerte a menores de edad”.

En relación a la extracción forzosa de sangre a los condenados a muerte en Cuba “la CIDH manifiesta que, recibieron informaciones de se estaba ‘exigiendo a los familiares de los presos políticos que ‘donen’ sangre para poder disfrutar del derecho a visitar a sus familiares presos y los familiares que se niegan a cumplir esta exigencia son privados del derecho a visitar a sus parientes encarcelados. Para estas donaciones forzosas de sangre el Gobierno utiliza los bancos locales de sangre’”.

Los mismos detenidos son forzados al procediento. Dice el informe: “el día 27 de mayo de 1966, desde el amanecer, aproximadamente de las seis de la mañana hasta el declinar el sol, aproximadamente las seis de la tarde se estuvo ejecutando mediante fusilamiento y tiros de gracia, en la Fortaleza de La Cabaña, Habana, a presos políticos, civiles y militares. El pelotón de ejecución estaba integrado por tres milicianos y un oficial”.

“La gravedad de estos hechos es aún mayor, cuando se le añade que los ejecutados fueron previamente sometidos al procedimiento de extracción de sangre con fines ilícitos, masivos, para nutrir el Banco de Sangre, con el cual el régimen negocia escandalosamente. El 27 de mayo ya señalado, 166 cubanos civiles y militares fueron ejecutados y sometidos a los procesos médicos de extracción de sangre, a razón de un promedio de 7 pintas por persona”.

“Esta sangre es objeto de venta al Viet-Nam comunista a razón de 50 dólares por pinta con el doble objetivo de proveerse de divisas-dólares y contribuir al esfuerzo de la agresión comunista del Viet-Cong. Una pinta de sangre equivale aproximadamente a medio litro. La extracción de 7 pintas al condenado a muerte, equivale a 3 litros y medio lo que produce en el ser humano anemia cerebral y estado de inconsciencia y parálisis. Una vez que le ha sido extraída la sangre es conducido por dos milicianos, integrantes del pelotón de ejecución, en camilla, al lugar de ejecución, donde es ultimado a tiros”.

Por su parte, el doctor Castillo es uno de los pocos investigadores de fusilamientos del régimen cubano en sus inicios y arribó al número de muertes desde enero de 1959 y octubre de 1961. “Como transcurrieron 50 años, muchos de los familiares de las víctimas asesinadas en forma masiva y sistemática, han fallecido. Quedan terceras y cuartas generaciones. El régimen está apostando a que haya mala memoria”, recalcó.

No existen cifras globales del total de muertes. “En Cuba, el régimen se encarga de no divulgar, no hay ninguna información oficial ni sobre el número de prisiones ni sobre el número de prisioneros políticos, condenados a muerte o cárceles”, dijo.

“Es muy importante destacar que, a raíz de a estos gravísimos hechos ocurridos en Cuba en aquella época, la CIDH se dirigió en numerosas oportunidades a las autoridades cubanas solicitándoles información de acuerdo a su Reglamento, y que el Estado cubano hizo caso omiso de las mismas”, señaló el investigador.

En cuanto a los fusilamentos de los primeros años del régimen, el Dr. Castillo advirtió en su informe que en apenas un año y medio -desde primeros meses de la revolución hasta el mes de octubre de 1961- un documento de la CIDH sobre Cuba emitido en 1962 deja constancia que “el número de personas fallecidas de muerte violenta por obra del Gobierno Revolucionario alcanzó la cifra de 1,789 individuos”.

Siguen los datos: “La cifra citada incluye a 638 fusilados oficialmente, 165 fusilados sin juicio previo, 132 muertos en las prisiones, 253 muertos por la ‘ley de fuga’, y el saldo de muertos por diversas causas también de origen político. A la mencionada cifra se agrega la contenida en una comunicación recientemente recibida: ‘Raúl Castro ha fusilado en los últimos días a más de 300 campesinos que estaban cooperando al mantenimiento de los patriotas que luchan en las Sierras del Escambray’”.

Los citados son fusilados que no se tienen siempre en cuenta por el paso del tiempo: muchos de sus familiares más directos han fallecido. No obstante, el Castillo cree que deben considerarse. En tanto, opina que en el futuro no muy lejano, el sistema político imperante en Cuba “se va a caer por peso propio” y que “debe formarse una comisión de la verdad y reconciliación”.