Por Oscar Espinosa Chepe

La experiencia enseña, en particular la cubana, que los embargos y los obstáculos a las relaciones entre los pueblos, lejos de facilitar los cambios hacia la democracia y el respeto a los derechos humanos, contribuyen al establecimiento de coartadas y aislamiento de los ciudadanos; elementos indispensables en las estrategias del totalitarismo para implantar su dominio absoluto por medio de la tergiversación de la realidad y la creación de falsos enemigos externos, utilizables para edificar un control total sobre la sociedad y justificar la represión despiadada sobre los que se atrevan a disentir.

Como consecuencia, las naciones democráticas que deseen contribuir a la desaparición del totalitarismo deberían desarrollar políticas dirigidas a fortalecer los vínculos con los pueblos sometidos por gobiernos de esa índole. Los contactos culturales, deportivos, científicos, académicos y en todos los ámbitos posibles, incluyendo el turismo, pueden influir muy positivamente en el camino hacia la libertad. No es casual que durante muchos años las autoridades cubanas bloquearon el turismo, a pesar de las reconocidas potencialidades de la Isla para desarrollarlo, temerosas de las influencias ideológicas foráneas. La reaparición de esa actividad se debió a la debacle causada por la pérdida de las subvenciones de la Unión Soviética y los países afines, pero nada más aparecidas las subvenciones de Venezuela resulta evidente el interés de, al menos, paralizar el crecimiento de la industria sin humo y priorizar la llegada de los visitantes a cayos o zonas sin fácil contacto con la población local.

En igual sentido podría hablarse del comercio, las inversiones extranjeras y otras formas de colaboración, como la formación de empresas mixtas con naciones de economía de mercado, años atrás vistas por el régimen como un peligro y hoy como un mal inevitable -dadas sus dificultades actuales-, por crear vínculos y compromisos con supuestos enemigos, portadores del virus de la democracia y el libre pensamiento. Los lazos económicos, comerciales y financieros son forjados mediante contactos personales, estableciéndose relaciones que pueden terminar en el temido contagio y la adicción por la libertad. El modelo ideal en la concepción totalitaria sería aislar completamente a las poblaciones bajo control, para así, privadas de información y absolutamente manipuladas por el estado, puedan ser manejadas con facilidad.

De lo anterior se deduce que los acuerdos con países democráticos y de economía de mercado, además de ser suministradores del necesario capital y tecnologías de punta, son fuentes potenciales de democracia y libertad. Sin embargo, existe el peligro de que en el contexto de las negociaciones para las inversiones extranjeras y la creación de empresas mixtas predominen tendencias mezquinas, que aprovechándose de las situaciones internas de los países, terminen con concesiones poco éticas en detrimento de los derechos de los pueblos.

En Cuba existen ejemplos de estos indeseados problemas que pueden limitar considerablemente los efectos beneficiosos de los acuerdos económicos como promotores de la democracia. En los hoteles y otras instalaciones turísticas con la participación de capital extranjero o bajo contrato de administración, a los cubanos no se les permite el acceso, por lo que cooperan con el apartheid existente.

Tampoco las firmas extranjeras deberían aceptar los mecanismos establecidos por el gobierno cubano para la contratación de los trabajadores a través de una empresa estatal, que impone preferencias políticas y cobra los salarios en divisas, mientras paga a los nacionales en el depreciado peso, que ni el propio estado acepta como medio de pago en la mayoría de sus establecimientos comerciales. Este intermediario rescinde los contratos arbitrariamente, sin derecho a reclamación por parte de los empleados. A esas violaciones se suman la prohibición de la libre sindicalización, el derecho a huelga y la defensa de los legítimos intereses de los Negocios sí trabajadores, que serían privados de los empleos ipso facto si se atreven a reclamar. De esta forma se violan muchos convenios adoptados en la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que el gobierno cubano ha suscrito.

Si bien, como ha sido señalado, las inversiones y los convenios de cooperación económica, incluidas las empresas mixtas, pueden ser factores positivos para pueblos sometidos a regímenes totalitarios, sin olvidar los beneficios lógicos para las entidades que arriesgan su capital, no es menos cierto que estas operaciones deben realizarse sobre la base de principios éticos y en modo alguno representar alianzas de facto con gobiernos totalitarios.

Cuando próximamente la Unión Europea reexamine su posición hacia el gobierno de Cuba, sería conveniente el análisis de las inversiones y otros negocios, teniendo en cuenta esos problemas y la posibilidad de que puedan establecerse ciertas normas de conducta que, al mismo tiempo que tengan en cuenta los beneficios lógicos para las empresas inversionistas, también consideren principios éticos vigentes en las legislaciones de los países miembros, así como los acuerdos adoptados en materia laboral en la Organización Internacional del Trabajo. El pretexto del respeto a las leyes de países totalitarios, no es más que una coartada para tratar de justificar lo injustificable, la violación del derecho de los pueblos a la libertad y a su soberanía.