Por Benoît Hervieu
Reporters Sans Frontières

En ausencia de Fidel Castro, que continúa hospitalizado, su hermano menor Raúl ha presidido, el 26 de julio, las ceremonias del 54 aniversario del asalto al cuartel de Moncada, un episodio considerado como el primer acto de la Revolución que, seis años más tarde, iba a derrocar la dictadura de Fulgencio Batista.

El acontecimiento ha coincidido con el primer año de presidencia de Raúl Castro, quien sucedió oficialmente a su hermano al frente del Estado el 31 de julio de 2006. Desde aquella fecha, la situación de los derechos humanos, y de la libertad de prensa en la isla, no ha experimentado ninguna mejoría. Reporteros sin Fronteras recuerda que, desde la entrada en funciones de Raúl Castro, han encarcelado a tres periodistas cubanos y otros cuarenta han sufrido registros abusivos, citaciones de la policía política, agresiones o amenazas.

"Con la Revolución cubana una dictadura sucedió a otra. Desgraciadamente, el primer año de presidencia de Raúl Castro no ha supuesto ninguna ruptura. Aunque el método represivo ha evolucionado ligeramente, pasando de grandes oleadas de detenciones y procesos estalinistas a una brutalidad ordinaria contra los disidentes, Cuba sigue siendo la segunda cárcel del mundo para los periodistas. Los tímidos intentos de apertura de Raúl Castro no se han visto traducidos en actos. Cuando, patrocinado por España, se está volviendo a establecer un diálogo con las autoridades de La Habana, la diplomacia internacional tiene que plantear claramente la cuestión de la libertad de expresión en la isla. No se avanzará nada si se mantienen los tabúes", ha declarado Reporteros sin Fronteras.
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El 13 de abril de 2007, Oscar Sánchez Madan, corresponsal del sitio Cubanet en la provincia de Matanzas, al este de La Habana, fue condenado a una pena de cuatro años de cárcel. Al periodista le juzgaron a puerta cerrada inmediatamente después de detenerle, en ausencia de los miembros de su familia y sin posibilidad de que le defendiera un abogado. Raymundo Perdigón Brito, cofundador de la agencia independiente Yayabo Press, detenido el 29 de noviembre de 2006, fue condenado a cuatro años de reclusión. A Ramón Velázquez Toranso, de la agencia Libertad, detenido el 23 de enero de 2007, le han caído tres años de cárcel. Llevó a cabo una huelga de hambre en febrero pasado.

El 13 de abril de 2007, Oscar Sánchez Madan, corresponsal del sitio Cubanet en la provincia de Matanzas, al este de La Habana, fue condenado a una pena de cuatro años de cárcel. Al periodista le juzgaron a puerta cerrada inmediatamente después de detenerle, en ausencia de los miembros de su familia y sin posibilidad de que le defendiera un abogado. Raymundo Perdigón Brito, cofundador de la agencia independiente Yayabo Press, detenido el 29 de noviembre de 2006, fue condenado a cuatro años de reclusión. A Ramón Velázquez Toranso, de la agencia Libertad, detenido el 23 de enero de 2007, le han caído tres años de cárcel. Llevó a cabo una huelga de hambre en febrero pasado.

A los tres les han condenado por "peligrosidad social predelictiva", una disposición del código penal cubano, en virtud de la cual se puede detener y encarcelar a una persona en nombre de la "amenaza potencial" que pudiera representar. Este procedimiento es un recurso habitual en la represión contra los disidentes. Un cuarto periodista, Armando Betancourt Reina, director del periódico clandestino El Camagüeyano, encarcelado sin juicio el 23 de mayo de 2006 y condenado un año más tarde a quince meses de cárcel por "desorden público", debería salir en libertad el próximo mes de agosto, habida cuenta del tiempo que lleva ya cumplido.

Según la Comisión Cubana para los Derechos Humanos y la Reconciliación Nacional (ilegal aunque tolerada), en las prisiones de la isla se encuentran actualmente 246 presos de opinión, entre los que se cuentan los veinticinco periodistas disidentes. Veinte de ellos - entre los que se encuentra el corresponsal de Reporteros sin Fronteras, Ricardo González Alfonso, fundador de la revista De Cuba - fueron detenidos en la "primavera negra" de marzo de 2003, y condenados a penas que van de catorce a veintisiete años de reclusión. Continúan padeciendo los malos tratos de sus guardianes y viviendo en condiciones insalubres, mientras su salud se ha degradado netamente.