Enviado por Benoît Hervieu
Despacho Américas / Americas desk
Reporters sans frontières

Del 8 al 10 de noviembre de 2007 se van a reunir en Santiago de Chile los jefes de Estado y de gobierno de dieciocho países de América Latina, más España y Portugal, en el marco de la XVII Cumbre Iberoamericana. El encuentro tendrá como tema "Cohesión social y políticas públicas para unas sociedades más justas". Reporteros sin Fronteras espera que las libertades fundamentales, y en particular la libertad de expresión, tendrán un lugar en un debate que moviliza a unas sociedades marcadas por una gran polarización ideológica, y un desigual acceso a la palabra pública y a la información. La organización hace un llamamiento a los representantes de los países que participan en la Cumbre para que se comprometan concretamente en favor del pluralismo de opinión y la libertad editorial, e incluso para que lleguen a una armonización de las legislaciones de prensa. El desafío de la integración regional en el subcontiente tendrá que pasar también por esto.

Violencia e impunidad

La violencia con los medios de comunicación y la impunidad que rodea los asesinatos de periodistas se mantienen a un nivel dramático. México y Colombia siguen ostentando el rango de países más peligrosos del continente para la prensa.

En México, los treinta y dos asesinatos y las siete desapariciones de periodistas contabilizados desde 2000, nunca han dado lugar al menor desenlace judicial. Al menos a la mitad de esos periodistas los han matado por interesarse demasiado en el narcotráfico, el contrabando o la corrupción. Como Alfredo Jiménez Mota, del diario El Imparcial de Hermosillo, desaparecido desde el 2 de abril de 2005; Raúl Gibb Guerrero, director del diario La Opinión, abatido el 8 de abril del mismo año en el Estado de Veracruz; o Enrique Perea Quintanilla, fundador del mensual de investigación Dos Caras, Una Verdad, que apareció torturado y asesinado el 9 de agosto de 2006 en el Estado de Chihuahua. La falta de cooperación entre las autoridades federales y regionales, y las ramificaciones del narcotráfico que llegan hasta el propio corazón de la administración, explican mucho de tal situación.

Aunque en Colombia ha disminuido el número de asesinatos, el conflicto armado y la criminalidad en general siguen teniendo un gran peso en la actividad y la seguridad de las redacciones. El proceso de desmovilización de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), entre junio de 2003 y junio de 2006, al no haber logrado la reinserción de sus miembros ha tenido el efecto perverso de configurar algunas bandas armadas que trabajan por su cuenta, como las "Aguilas Negras", en los departamentos de la costa Atlántica. En el Sur, la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) vuelve a poner en práctica sus métodos de intimidación y sabotaje. Desde el comienzo del año han sido varios los periodistas, algunos en situación delicada con la administración del presidente Alvaro Uribe, que se han visto obligados a abandonar en país: Darío Arizmendi Posada, director de información de Radio Caracol, blanco de las amenazas de un grupo desconocido; Germán Hernández Vera, director de la redacción del Diario del Huila en Neiva (Sudoeste), en el punto de mira de las guerrillas de las FARC; Gonzalo Guillén, corresponsal en Colombia del diario El Nuevo Herald, y también Hollman Morris, productor y presentador del programa de investigación "Contravía" en el canal público Canal Uno, acosado por un misterioso "Frente patriótico" de origen paramilitar.

Otros casos de violencia y abuso han ido salpicando el año 2007, entre otros en países como Honduras y El Salvador, donde la periodista independiente María Haydée Chicas llegó incluso a estar detenida por "terrorismo", en el mes de julio, tras cubrir una manifestación. En Brasil, la policía sigue sin coger a los asesinos de Luiz Barbon Filho, cronista del semanario Jornal do Porto y del diario JC Regional, abatido el 5 de mayo en Sao Paulo. Finalmente en Bolivia, tanto medios públicos como privados se están convirtiendo en rehenes de un clima político muy tenso, sobre todo en la provincia autonomista de Santa Cruz.

Despenalización de los delitos de prensa

Esa polarización no debe servir de pretexto para que las autoridades utilicen contra la prensa el chantaje de la publicidad oficial, como es el caso muy frecuente verificado en Argentina. Tampoco tiene que dar lugar a un intento de hacerse con el control de la prensa, o de limitar la libertad de expresión, y aun menos a una penalización de los delitos de prensa. En Ecuador, que está inmerso en un proceso constituyente, se ha puesto de manifiesto ese temor y el debate continúa abierto.

De manera general sería deseable que los cambios legislativos se tradujeran en una despenalización de los delitos de prensa ("difamación", "calumnias" e "injurias"), conseguido a nivel federal en México desde el pasado 6 de marzo. De momento solo seis países han despenalizado el delito de "desacato" a una autoridad pública (Honduras, Costa Rica, Perú, Argentina, Paraguay y Guatemala). Una tendencia que no se sigue en absoluto en Venezuela donde, la aprobación el 2 de diciembre de una reforma constitucional que introduce el estado de excepción ilimitado y suspende la libertad de prensa en dicho caso, a contrario va a ratificar la inquietante decadencia del pluralismo de opinión que viene dándose desde que, el pasado 27 de mayo, se produjo la supresión de la concesión hertziana del canal Radio Caracas Televisión.

Sin embargo, el asunto de la concesión de frecuencias reclama una regulación, en una región del mundo conocida por su exponencial cantidad de medios de comunicación comunitarios. El proyecto de ley aprobado el 5 de junio por la Cámara de Representantes de Uruguay, que crea un proceso de concesiones decidido conjuntamente por el Estado y la sociedad civil, es sin duda un ejemplo a seguir. En Chile está previsto que haya una discusión parlamentaria sobre la legalización de este tipo de medios de comunicación.

La excepción cubana

Consolidada o debilitada, la libertad de prensa sigue siendo inexistente en un único país, Cuba, donde la situación de los derechos humanos no ha evolucionado desde que, el 26 de julio de 2006, Raúl Castro sucedió su hermano mayor, Fidel. Veinticuatro periodistas disidentes -tres de los cuales han sido encarcelados durante la actual presidencia interina- convierten a la isla en la segunda cárcel del mundo para la prensa, después de China. Entre los veinticuatro encarcelados desde la primavera negra de marzo de 2003, y condenados a penas que van de catorce a veintisiete años de prisión, Normando Hernández González, director de la agencia independiente Colegio de Periodistas Independientes de Camagüey (CPIC), presenta un estado de salud particularmente alarmante. Reporteros sin Fronteras apoya las gestiones que está haciendo Costa Rica, para concederle asilo a título humanitario.

La organización hace un llamamiento a los gobiernos para que intercedan en favor de los periodistas cubanos detenidos.